Etiqueta: consumidores

  • Derecho a fraccionar el pago de la factura de luz en caso de retraso de facturación

    Derecho a fraccionar el pago de la factura de luz en caso de retraso de facturación

    La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe en el que señala que cuando la distribuidora de energía eléctrica es la responsable del retraso o la falta de emisión de facturas, como sucede con los errores en el equipo de medida (contador) o los de tipo administrativo, el consumidor tiene derecho a fraccionar el pago de la deuda en tantas facturas mensuales como meses haya estado sin recibir la factura.

    La CNMC indica que la normativa aplicable es el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y recuerda que la comercializadora, ya que es quien factura los importes a partir de los datos de consumo del distribuidor, debe proponer al cliente la posibilidad de aplazar el pago. Para ello, deberá poner todos los medios a su alcance y promover que éste solicite el fraccionamiento de la deuda en mensualidades si así lo desea.

    Por otra parte, una vez solucionado el problema que les impide facturar con normalidad, las comercializadoras deben evitar cobrar cantidad alguna sin avisar previamente a sus clientes y cerciorarse de que éstos han recibido el aviso y han comprendido sus términos.

    Derecho del consumidor y derecho de la distribuidora

    Los problemas se han producido porque determinadas distribuidoras de energía eléctrica no han enviado a las comercializadoras las lecturas correspondientes al consumo de cada cliente (punto de suministro). En consecuencia, al no disponer de los datos de consumo, las comercializadoras afectadas tampoco han podido emitir las facturas finales a sus clientes con todos los importes.

    Durante estos meses, la CNMC ha analizado numerosas consultas y reclamaciones de Comunidades Autónomas, comercializadoras, asociaciones de comercializadoras, consumidores, asociaciones de consumidores, asesores energéticos y del Defensor del Pueblo, relacionadas con clientes que llevaban varios meses sin recibir sus facturas eléctricas.

    En muchos casos, los consumidores mostraban una gran preocupación por el aumento de la deuda contraída con su compañía eléctrica y por la imposibilidad económica de hacer frente a los pagos una vez normalizada la situación.

    Las comercializadoras deben esforzarse para que el consumidor conozca este derecho y facilitar los medios para que solicite el fraccionamiento.

    Las comercializadoras deben esforzarse para que el consumidor conozca este derecho y facilitar los medios para que solicite el fraccionamiento.

    Asimismo, la Comisión ha analizado el comportamiento de las distribuidoras involucradas en estos problemas para conocer el impacto en el derecho del consumidor frente a la comercializadora, y en el derecho de la comercializadora frente a la distribuidora. Todo ello, sin perjuicio de las posibles actuaciones que puedan abordarse en el ámbito sancionador, de acuerdo con las competencias de la CNMC.

    Con respecto al impacto que los retrasos en la facturación por parte de los distribuidores tienen en las comercializadoras, en un contexto actual de precios altos, la situación estaría generando tensiones financieras, especialmente en el caso de las pequeñas comercializadoras.

    Las comercializadoras afrontan diariamente las compras de energía en el mercado mayorista para el consumo de sus clientes, pero no pueden facturarles porque no disponen de las lecturas de peajes y cargos que emite el distribuidor. Además, una vez regularizada la situación, el fraccionamiento del pago al cliente, les supone un nuevo retraso en sus cobros.

  • CaixaBank denunciada ante el Banco de España por las comisiones

    CaixaBank denunciada ante el Banco de España por las comisiones

    La entidad CaixaBank, denunciada por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV) ante el Banco de España por el «perjudicial y abusivo el cambio de las condiciones contractuales que aplicará a los clientes de Bankia tras su absorción«.

    La UCCV ha elaborado un Formulario para que las personas consumidoras afectadas puedan reclamar a CaixaBank el cobro de nuevas comisiones en las tarjetas de débito emitidas por Bankia, y que hasta el momento eran gratuitas. Además, ha remitido reclamación tanto a Caixabank, para que anule dicha comisión, como al Banco de España para que revise la actuación llevada a cabo por esta entidad y tome las medidas oportunas.

    Y es que CaixaBank ha comunicado a los antiguos clientes de Bankia que desde el 12 de noviembre, aunque los clientes podrán seguir operando con normalidad, la tarjeta de débito que hasta ahora disfrutaban de forma gratuita a través del programa Por Ser Tú tendrá una cuota anual de mantenimiento de 36 euros. Esto supone una modificación unilateral de las condiciones contractuales que en su momento pactaron con Bankia.

    Para UCCV esto es alarmante, pues muchas de las personas afectadas «pueden encontrarse personas vulnerables y en riesgo de exclusión social y financiera».

    Desde la organización de consumidores recuerdan que ante estas modificaciones contractuales anunciadas por Caixabank, los clientes también pueden cambiar de entidad bancaria, traspasando todas las cuentas y servicios a una nueva entidad, que se encargará del cambio de domiciliaciones bancarias.

    En el caso de personas consumidoras que tengan un préstamo hipotecario pueden solicitarle a la nueva entidad una propuesta de préstamo que podría, incluso, mejorar las actuales condiciones. O, en caso contrario, mantener solo con la antigua entidad el préstamo y la cuenta de cargo vinculada, sin que dicha entidad pueda cobrar importe alguno en concepto de comisión de mantenimiento de la cuenta si ésta está destinada única y exclusivamente al pago del préstamo hipotecario.

  • Condenado el presidente de Ausbanc por extorsión y estafa

    Condenado el presidente de Ausbanc por extorsión y estafa

    «Quis custodiet ipsos custodes?» («¿Quién vigila al vigilante?»), planteaban Platón y Sócrates. Es imposible no recordar esta locución al enterarse que Luis Pineda, el presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), ha sido condenado por la Audiencia Nacional a ocho años de cárcel, cinco por un delito continuado de extorsión y otros tres por un delito de estafa, más indemnizaciones a un total de 13 entidades, entre las que se encuentran BBVA y CaixaBank.

    El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, también ha sido condenado a otros cuatro años, y con ellos, el adjunto a la Presidencia de Ausbanc, Ángel Garay (un año), y a la directora del departamento jurídico, María Mateos (seis meses).

    El delito: extorsionar a entidades bancarias y empresas para que les pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra.

    Modus operandi del condenado

    La sentencia detalla cómo, de manera simultánea a las demandas colectivas, Ausbanc propiciaba acuerdos para la solución extrajudicial de los conflictos. Así, el ejercicio de la acción colectiva era un «mero instrumento» para que las entidades accediesen a las pretensiones económicas formalizadas a través de convenios publicitarios en las revistas de Ausbanc, estudios de mercado que elaboraba la entidad con las quejas y reclamaciones de los consumidores, patrocinios y otros eventos.

    Si los bancos y entidades financieras rechazaban la extorsión del condenado Pineda, desde Ausbanc se iniciaba una campaña para perjudicar su reputación, bien a través de noticias falsas, bien a través de la «difusión hiperbólica» de un acontecimiento aislado de una entidad en cuestión, incluso convocando manifestaciones a la puerta de su sede.

    Colaboración entre Ausbanc y Manos Limpias

    Como esta actuación limitaba a Ausbanc a los procesos civiles, Pineda se alió con Manos Limpias para que, como acusación popular, se personase en procesos penales con gran repercusión mediática.

    «Con ello, a cambio de nutrir Ausbanc de fondos a Manos Limpias, que vivía en gran medida de aportaciones gratuitas, Miguel Bernad dio entrada al acusado Pineda para que se personase en procesos penales en la exclusiva idea de solicitar a investigados sumas dinerarias para acrecentar las arcas propias y del Grupo Ausbanc a cambio de instar la desimputación de los mismos o apartarse del procedimiento, siendo dicho proceder compartido por ambos, así como puesto en marcha por uno y otro».

    Manos Limpias articulaba las denuncias y Ausbanc daba las órdenes.

    Empresas y bancos afectados

    La sentencia recoge la actuación de ambos condenados con la mayoría de entidades bancarias  (BBVA, Cajamadrid, Credit Services, Novagalicia Banco, Catalunya Banc, Unicaja, Banco Sabadell, Banco Santander, Caixabank, Liberbank, Caja León, Caja Jaén, Banco Ceiss, Barclays, Caja Castilla La Mancha, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cajasur, Banco Caixa Geral, Bankia, Mare Nostrum, Banca March o Citibank), empresas como Gas natural, Fenosa, Nissan, Volkswagen o Europistas.

    En concepto de responsabilidad civil, Pineda deberá indemnizar a un total de 13 entidades: a BBVA, con 1.524.565 euros; a Unicaja, con 904.328 euros; a Caixabank, con 24.200 euros; a Liberbank, con 1.499.918 euros; a Nissan Ibérica, con 36.300 euros; a Barclays, con 149.750 euros; a Caja Castilla la Mancha, con 332.000 euros; a Europistas, con 406.000 euros; a Cajasur, con 266.200 euros; a Cajavital, con 546.701 euros; a Bankia, con 586.850 euros; a Caja Rural del Sur, con 576.302 euros, y a Banca March, con 38.115 euros.

    Los absueltos del proceso

    La Audiencia ha absuelto de todos los delitos a los otros seis acusados: la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, y los directivos de Ausbanc Alfonso Solé Gil, María Teresa Cuadrado, María Isabel Medrano, Rosa Aparicio y Luis Suárez Jordana. Se les acusaba de organización criminal, extorsión, denuncia falsa, amenazas, estafa, blanqueo de capitales y administración desleal.

    Hay que señalar que, a pesar de las elevadas condenas, Pineda y Bernad también resultan absueltos de la mayoría de los delitos por los que fueron juzgados. En concreto, en el caso del presidente de Ausbanc, de los de organización criminal, acusación y denuncia falsa, fraude y estafa procesal y administración desleal, mientras que en el caso del secretario general de Manos Limpias queda exculpado de los dos primeros delitos y, además, de amenazas.

  • ING deja de ser el banco sin comisiones

    ING deja de ser el banco sin comisiones

    ING deja de ser el «banco sin comisiones» que tanto publicitaba y se suma a otros bancos como BBVA, CaixaBank, Santander o Unicaja en lo que se refiere al cobro de las mismas.

    Adiós al banco sin comisiones

    Es más, ING se ha convertido desde el 1 de abril en la primera entidad que se atreve a cobrar dinero por depósitos relativamente pequeños, pues sus clientes con saldos superiores a 30.000 euros tendrán que pagar una comisión por custodia de saldos de 10 euros mensuales (120 al año), cuando otras solo lo hacen a grandes ahorradores, con cantidades por encima de los 100.000 euros.

    La custodia de saldo, como señala la OCU, no es otra cosa que una comisión de mantenimiento, y uno no puede evitar pensar que ese eufemismo es una estafa, perdón, engaño a los clientes, que solo pretende encubrir que los valores de ING han cambiado completamente.

    Y es que, según el Banco de España, entre las comisiones de mantenimiento se incluyen los servicios de ingreso y reintegro en efectivo, las disposiciones mediante cheque, los adeudos, los ingresos que se derivan de las liquidaciones periódicas de la propia cuenta y otros servicios y apuntes, como la custodia del dinero, el mantenimiento de los registros necesarios para el funcionamiento del depósito o el derecho a ordenar cargos y abonos en cuenta.

    La Organización de Consumidores y Usuarios subraya que esta nueva comisión es » confusa para los clientes y va en contra de la obligación de utilizar la terminología normalizada establecida por la normativa europea y por el Real Decreto-ley 19/2017″.

    Cómo evitar las comisiones de ING

    Para evitar las comisiones de ING se puede tener domiciliada la nómina, pensión o prestación por desempleo o recibir ingresos de al menos 700 euros al mes desde otro banco, o sacar dinero para dejar la cuenta en un depósito inferior a 30.000 euros.

    Lo que pretenden los bancos con estas comisiones es desincentivar a los clientes con grandes cantidades de dinero depositado, animándoles a invertirlo en otros productos, como fondos de inversión, que son mucho más rentables para el banco que los depósitos, pues, con la política del Banco Central Europeo de los tipos de interés al 0%, deben continuar pagando por depositar el exceso de liquidez.

    De una manera u otra, la banca siempre se las arregla para repercutir comisiones tanto a los clientes con hipotecas o créditos como a aquellos que tienen mucho ahorro.

  • Visa se une a CaixaBank, Global Payments y Worldline en Zone2boost

    Visa se une a CaixaBank, Global Payments y Worldline en Zone2boost

    Visa se ha unido a CaixaBank, Global Payments y Worldline como impulsor del proyecto Zone2boost, que  tiene como objetivo impulsar la innovación en los productos y servicios dirigidos a los comercios y al sector fintech y mejorar la experiencia de cliente.

    La portación de Visa

    Visa aportará al programa su conocimiento y experiencia en la identificación y acompañamiento de startups en su proceso de crecimiento y monetización, así como los productos y APIs de Visa con los que poder enriquecer las propuestas de valor de las fintechs identificadas.

    Para las compañías responsables de Zone2boost, todas ellas de ámbito multinacional y líderes en sus negocios, la iniciativa es una oportunidad para impulsar la innovación y la creación de nuevos servicios para comercios.

    Además, la colaboración con startups y pymes permite a las grandes empresas, como CaixaBank, Global Payments, Worldline y Visa, mejorar agilidad y eficiencia en innovación, acelerar el tiempo desde que surge una idea hasta que se comercializa el nuevo producto o servicio y ayuda a identificar talento.

    El compromiso de Zone2boost

    La iniciativa internacional de innovación Zone2boost ha finalizado su primer año de funcionamiento con más de 300 startups evaluadas, 8 startups incorporadas a su programa de aceleración y un volumen de inversión comprometida de 800.000 euros.

    El programa ha arrancado su actividad en un año marcado por la pandemia de Covid-19, pero, a pesar de esta situación, ha cumplido sus previsiones anuales. Zone2boost está abierto a estudiar proyectos de todo el mundo, aunque, durante 2020, se ha centrado en el ecosistema emprendedor de Barcelona.

    La startup Deliverea, que proporciona a los comercios una herramienta para gestionar la logística y ofrece una solución con la que gestionar envíos, devoluciones y el seguimiento de los paquetes, es una de las empresas seleccionadas por el programa.

    Otra de las compañías con las que ha empezado a trabajar Zone2boost es Proppos, que, gracias a la inteligencia artificial, es capaz de reconocer cualquier tipo de producto en tienda, sin necesidad de escanearlo, a la vez que ofrece una experiencia de compra realmente rápida. Nemuru, plataforma de financiación que conecta empresas, entidades bancarias y consumidores, es otra de las startups seleccionadas en 2020.

    Zone2boost también ha invertido y está colaborando con Bitphy, que es una plataforma inteligente para el comercio minorista que detecta puntos de mejora en el canal de venta y ofrece información de valor rentable automáticamente.

    Además de estas cuatro compañías, inAtlas (empresa de big data y localización analítica), Fuell (compañía tecnológica de software que facilita la gestión de gastos y la retribución flexible de las empresas), Payflow (aplicación que proporciona a los empleados acceso instantáneo al salario) y Deeder (que, gracias a la tecnología blockchain, permite firmar contratos mediante aplicaciones de mensajería) también han sido seleccionadas por el programa internacional de innovación.

  • Sanción millonaria a CaixaBank por violar la Ley de Protección de Datos

    Sanción millonaria a CaixaBank por violar la Ley de Protección de Datos

    La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una sanción millonaria a CaixaBank de 4 y 2 millones de euros por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La resolución ha tenido su origen en una denuncia de un cliente del banco en 2018 y otra interpuesta por FACUA-Consumidores en Acción en 2019, respectivamente.

    Según indica la asociación de consumidores, hasta la fecha, las tres multas más altas impuestas por organismos a empresas denunciadas por FACUA son los 6,23 millones que aplicó la Junta de Andalucía a Movistar en 2016 por la subida de sus tarifas Fusión después de haber anunciado que mantendría los mismos precios «para siempre», la resuelta ahora por la AEPD a Caixabank y los 3,15 millones impuestos por el Gobierno andaluz a Unicaja por sus cláusulas suelo.

    En la resolución, la AEPD requiere a la entidad CaixaBank para que, «en el plazo de seis meses, adecúe a la normativa de protección de datos personales las operaciones de tratamiento de datos personales que realiza, la información ofrecida a sus clientes y el procedimiento mediante el que los mismos deben prestar su consentimiento para la recogida y tratamiento de sus datos personales, con el alcance expresado en el Fundamento de Derecho XI».

    Caixabank todavía puede interponer un recurso de reposición ante la directora de la Agencia Española de Protección de Datos o presentar directamente un recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

    El origen de la sanción

    FACUA presentó una denuncia contra Caixabank ante la Agencia en marzo de 2019, en la que indicaba que el Contrato Marco incluía una serie de condiciones que podían vulnerar la normativa de protección de datos.

    En concreto, la asociación consideraba que el texto de la entidad imponía a los consumidores el consentimiento al tratamiento de sus datos personales y la cesión de sus datos a terceras empresas con las que podrían no tener relación.

    Así, FACUA indicaba que, dado que este contrato era de adhesión -esto es, sin capacidad de que el usuario lo modifique-, esta imposición unilateral conllevaba la vulneración del tratamiento de los datos personales de los clientes del banco.

    En este sentido, la asociación recogía en la denuncia que Caixabank vulneraba el artículo 6 del RGPD, que recoge las condiciones que se deben cumplir para considerar lícito el tratamiento de los datos personales de los usuarios.

  • El Tribunal Supremo, denunciado por «sistemática vulneración» de los consumidores

    El Tribunal Supremo, denunciado por «sistemática vulneración» de los consumidores

    La Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) ha denunciado ante la Comisión Europea al Tribunal Supremo por la «reiterada y sistemática vulneración de la Directiva europea 93/13/CEE que protege a los consumidores frente a las cláusulas abusivas en los contratos«.

    El escrito, que cuenta con el apoyo de 68 juristas y economistas expertos en Derecho de los consumidores y 16 organizaciones de Croacia, España, Eslovenia, Hungría, Islandia, Italia, Polonia, Rumanía y Ucrania, podría derivar en un procedimiento sancionador para nuestro país, así como que el TJUE obligue al Tribunal Supremo a revisar toda su doctrina

    Las prácticas del Tribunal Supremo

    ASUFIN pide a las instituciones de la Unión Europea que realicen “las oportunas averiguaciones y abran el procedimiento de infracción correspondiente” a fin de garantizar que en nuestro país se aplique de forma correcta el Derecho de la Unión y, en concreto, el principio de transparencia en la contratación con los consumidores.

    La asociación exige suprimir de manera definitiva el índice de referencia IRPH, tanto de cajas como de entidades, dejando estos préstamos sin interés conforme admite el sistema legal español y a eliminar asimismo los obstáculos y limitaciones existen en materia de acciones colectivas.

    ASUFIN justifica en su denuncia, “con datos objetivos” que el Tribunal Supremo español “no ha sido capaz de resolver los asuntos con un criterio que ofreciera seguridad jurídica”. Esta inseguridad jurídica ha provocado que los jueces nacionales se hayan visto obligados a plantear hasta 88 cuestiones prejudiciales en materia de protección del consumidor entre 2010 y 2019. Cuestiones que han llevado a corregir muchas veces el criterio del Tribunal Supremo lo que ha provocado que muchos consumidores con sentencia desestimatoria perdieran la oportunidad de recuperar su dinero por una interpretación incorrecta de las directivas europeas.

    Y es que sistemáticamente, el Tribunal Supremo no ha acogido pacíficamente la doctrina del TJUE manteniendo una clara contradicción jurídica que sigue generando graves perjuicios al introducir recortes, limitaciones o interpretaciones restrictivas de los criterios protectores de los consumidores.

    La demanda aporta datos objetivos de las decisiones más lesivas: la retroactividad de la cláusula suelo, las costas procesales, la contratación entre profesionales, el vencimiento anticipado, el IRPH y la falta de legitimación de las asociaciones de consumidores para defender a clientes con inversiones de elevada cuantía, carácter especulativo o múltiples contrataciones, entre otras.

    Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, ha señalado que «los consumidores estamos cansados de amanecer en el día de la marmota una y otra vez, en una situación de inseguridad jurídica que no es buena para nadie. Con esta denuncia esperamos que la Comisión Europea tome cartas en el asunto y que nuestro Alto Tribunal recupere la senda iniciada en 2012 con la primera sentencia que aplicaba el principio de la transparencia en la contratación masiva.”

  • Nueva normativa contra la estafa de las revolving

    Nueva normativa contra la estafa de las revolving

    Los consumidores estrenan 2021 con nueva normativa relativa a los créditos revolving vinculados a tarjetas comercializadas por entidades financieras, cadenas comerciales y empresas de distribución de productos y servicios con intereses abusivos en ocasiones superiores al 24% TAE.

    Así, la entrada en vigor de la Orden Ministerial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicada en el BOE núm. 203, de 27 de julio de 2020, páginas 58048 a 58063, se ha producido el 2 de enero de este año, en plenas fiestas navideñas y con los regalos de Reyes aún por comprar, aunque algunas disposiciones no lo harán hasta finales de mes e, incluso, hasta julio de 2022.

    Nueva normativa

    La finalidad de la nueva normativa es imponer un mayor control a la comercialización de estos productos financieros que han llegado a ser calificados por el Tribunal Supremo como «usura».

    A partir de ahora, las entidades estarán obligadas a ofrecer información clara y precisa sobre las condiciones del producto en el momento de firmar el contrato de suscripción y periódicamente hasta la fecha de su cancelación.

    La nueva normativa también exige que las entidades verifiquen antes de la firma del contrato la capacidad de pago del cliente, y se aseguren de que pueden cubrir sin problemas la cuantía anual del préstamo contratado, al tiempo que deben permitir al cliente amortizar un mínimo anual del 25% del crédito para evitar situaciones de endeudamiento insostenibles. Además, están obligadas a informar al Banco de España de aquellos clientes que tengan créditos superiores a 1.000 euros, frente a la obligación anterior de hacerlo pasados los 9.000 euros.

    El problema de las revolving

    Según un estudio de la fintech Agencia Negociadora, dedicada a la intermediación hipotecaria, «las tarjetas revolving se han convertido en el más pernicioso lastre en la estructura del endeudamiento en crédito al consumo de las familias españolas», con un aumento del 14% al 26% del total de deudas en tan solo tres años.

    Desde Reclama Por Mí, abogados expertos en reclamaciones, señalan tanto a entidades financieras como Banco Santander, BBVA, Wizink, Banco Sabadell, Cofidis, Caixabank o Bankinter, como a grandes empresas (Inditex, Iberia, Renfe, Cepsa, Vodafone, Fnac, Decathlon o Meliá) entre los comercializadores de estas soluciones que en principio parecen «sencillas y atractivas», pero que encierran graves peligros para los consumidores.

  • Iniciativa de Pagos Europea, una solución común para los pagos

    Iniciativa de Pagos Europea, una solución común para los pagos

    Un total de 16 bancos europeos, entre los que se encuentran los españoles Banco Santander, BBVA y CaixaBank han acordado el futuro lanzamiento de una Iniciativa de Pagos Europea (EPI, en inglés) que pueda usarse en todo el territorio común y elimine la fragmentación actual.

    En qué consiste la Iniciativa de Pagos Europea

    La Iniciativa de Pagos Europea surge con el objetivo de dar respuesta a la petición de comerciantes y consumidores para el desarrollo de iniciativas de pago con un enfoque paneuropeo.

    Esta EIP aprovechará pagos instantáneos (“SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst”) e incluirá una tarjeta de pagos común para los consumidores y comercios de toda Europa, un monedero electrónico y funciones de pago entre particulares (“P2P”).

    La solución se añadirá a las ya existentes ofrecidas por los sistemas de pago internacionales y pretende convertirse en el medio de pago preferido para los consumidores y comerciantes europeos en todo tipo de transacciones, tanto las realizadas de forma presencial o en línea, como las retiradas de efectivo y los pagos electrónicos entre particulares.

    Junto a Santander, BBVA y CaixaBank forman parte del proyecto bancos de Alemania, Bélgica, Francia, y los Países Bajos: Deutsche Bank, BNP Paribas, Groupe BPCE, Commerzbank, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Deutcher Sparkassen- und Giroverband, DZ BANK Group, ING, KBC Group, La Banque Postale, Société Générale y UniCredit.

    Grandes bancos de la eurozona
    Grandes bancos de la eurozona inician la fase de implementación de una nueva solución de pagos común, la Iniciativa de Pagos Europea (EPI)

    Un proyecto paneuropeo

    La creación de esta Iniciativa de Pagos Europea contribuirá, asimismo, a la implementación de la agenda política de las autoridades públicas, tanto europeas como nacionales, mediante la creación de una solución verdaderamente europea en el ámbito de los pagos, la banca y la tecnología que elimine la fragmentación y permita el pago digital a los ciudadanos.

    EPI también pretende alinear el ecosistema europeo de pagos de los bancos, comercios, adquirientes y prestadores de servicios de pago, con lo cual contribuirá al fortalecimiento del Mercado Único y a la Agenda Digital europea.

    El inicio de la fase de implementación se materializará durante las próximas semanas mediante la creación de una compañía transitoria en Bruselas (Bélgica), que establecerá unos hitos claros, entre los cuales se incluyen la definición de la hoja de ruta técnica y operativa y el inicio del desarrollo de una solución que ofrezca la mejor experiencia de usuario. Cada banco evaluará el desempeño de esta compañía antes de incorporarse a la compañía definitiva que lanzará EPI al mercado.

    Otros proveedores de servicios de pago están invitados a unirse a esta iniciativa. Hasta finales de 2020, otros actores del mercado europeo, bancos individuales o consorcios bancarios, así como terceros prestadores de servicios de pago, pueden solicitar su entrada en EPI como fundadores. Está previsto que comience a operar en 2022.

  • Cliente fintech: joven e infiel

    Cliente fintech: joven e infiel

    El cliente fintech medio en España es joven, con una edad situada entre los 26 y los 35 años en su mayoría, e infiel a estas startups, según se desprende de un estudio elaborado por la consultora Entelgy Digital.

    Cliente fintech en España

    Solo un 15% de los españoles es cliente fintech en España. Se trata de un usuario joven desencantado con la banca tradicional y, aunque mayoritariamente se encuentra en la franja de edad antes mencionada, también está entre los de 18 y 25 años, que conectan con el tono más desenfadado y el lenguaje más sencillo de estas startups.

    Entre los servicios que más utiliza el cliente fintech español se encuentran los pagos, con un 85% de los usuarios, mientras que un 38% usa plataformas para mejorar su gestión de las finanzas y un 25% está familiarizado con la compra de criptodivisas.

    No obstante, se trata de usuarios infieles, pues un 56% de estos clientes fintech sigue prefiriendo utilizar la banca tradicional, para la que este sector supone una oportunidad para renovarse, pues hasta un 62% de usuarios de neobancos estarían dispuestos a volver a los bancos si les igualasen la oferta.

    Así, a pesar de que la crisis financiera de 2008, que muchos denominan «estafa», los bancos tradicionales todavía siguen conservando esa imagen de seriedad y solidez que hace que las fintech, por muy atractivas que resulten para los jóvenes, no sean su modelo de confianza.

    Pero, según indican los expertos de Entelgy Digital, la fidelidad del cliente fintech tiene «una estrecha relación con el poder adquisitivo ya que solo un 35% de los que ganan menos de 10.000 euros al año cerrarían su cuenta fintech, mientras que el 68% de usuarios que ganan más de 50.000 euros al año sí regresarían en caso de que les equiparasen las condiciones».

    Ecosistema fintech

    Aunque solo el 22% de los consumidores del sector bancario conoce qué es una fintech, en España unas 300 startups proporcionan empleo a 7.500 profesionales en áreas como el crowdfunding o lending.

    Asimismo, existen los neobancos, entidades completamente digitales que no disponen de licencia bancaria, sino de dinero electrónico asociada a algún banco tradicional; y los challenger banks, que sí obtuvieron licencia bancaria con depósito de garantía y sí pueden conceder préstamos o hacer inversiones con el dinero de sus clientes, como si fuesen un banco.

    Otras soluciones de innovación financiera muy atractivas para los usuarios de las fintech en España son los servicios financieros ofrecidos por grandes tecnológicas como Google, Apple, Amazon o Facebook. El 83% de los encuestados por Entelgy Digital señalaron que cedería sus datos a una de estas compañías a cambio de obtener servicios más económicos, al igual que el 35% también los cedería para mejorar la calidad del servicio.

    El 73% de los jóvenes afirmaron que, de hecho, preferirían tener una solución bancaria procedente de Google, Facebook o Amazon antes que de un banco tradicional.

    Diversidad de clientes para un mundo cada vez más diverso y digitalizado. De momento, parece que hay nicho para todos.