Etiqueta: Audiencia Nacional

  • Condenado el presidente de Ausbanc por extorsión y estafa

    Condenado el presidente de Ausbanc por extorsión y estafa

    «Quis custodiet ipsos custodes?» («¿Quién vigila al vigilante?»), planteaban Platón y Sócrates. Es imposible no recordar esta locución al enterarse que Luis Pineda, el presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), ha sido condenado por la Audiencia Nacional a ocho años de cárcel, cinco por un delito continuado de extorsión y otros tres por un delito de estafa, más indemnizaciones a un total de 13 entidades, entre las que se encuentran BBVA y CaixaBank.

    El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, también ha sido condenado a otros cuatro años, y con ellos, el adjunto a la Presidencia de Ausbanc, Ángel Garay (un año), y a la directora del departamento jurídico, María Mateos (seis meses).

    El delito: extorsionar a entidades bancarias y empresas para que les pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra.

    Modus operandi del condenado

    La sentencia detalla cómo, de manera simultánea a las demandas colectivas, Ausbanc propiciaba acuerdos para la solución extrajudicial de los conflictos. Así, el ejercicio de la acción colectiva era un «mero instrumento» para que las entidades accediesen a las pretensiones económicas formalizadas a través de convenios publicitarios en las revistas de Ausbanc, estudios de mercado que elaboraba la entidad con las quejas y reclamaciones de los consumidores, patrocinios y otros eventos.

    Si los bancos y entidades financieras rechazaban la extorsión del condenado Pineda, desde Ausbanc se iniciaba una campaña para perjudicar su reputación, bien a través de noticias falsas, bien a través de la «difusión hiperbólica» de un acontecimiento aislado de una entidad en cuestión, incluso convocando manifestaciones a la puerta de su sede.

    Colaboración entre Ausbanc y Manos Limpias

    Como esta actuación limitaba a Ausbanc a los procesos civiles, Pineda se alió con Manos Limpias para que, como acusación popular, se personase en procesos penales con gran repercusión mediática.

    «Con ello, a cambio de nutrir Ausbanc de fondos a Manos Limpias, que vivía en gran medida de aportaciones gratuitas, Miguel Bernad dio entrada al acusado Pineda para que se personase en procesos penales en la exclusiva idea de solicitar a investigados sumas dinerarias para acrecentar las arcas propias y del Grupo Ausbanc a cambio de instar la desimputación de los mismos o apartarse del procedimiento, siendo dicho proceder compartido por ambos, así como puesto en marcha por uno y otro».

    Manos Limpias articulaba las denuncias y Ausbanc daba las órdenes.

    Empresas y bancos afectados

    La sentencia recoge la actuación de ambos condenados con la mayoría de entidades bancarias  (BBVA, Cajamadrid, Credit Services, Novagalicia Banco, Catalunya Banc, Unicaja, Banco Sabadell, Banco Santander, Caixabank, Liberbank, Caja León, Caja Jaén, Banco Ceiss, Barclays, Caja Castilla La Mancha, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cajasur, Banco Caixa Geral, Bankia, Mare Nostrum, Banca March o Citibank), empresas como Gas natural, Fenosa, Nissan, Volkswagen o Europistas.

    En concepto de responsabilidad civil, Pineda deberá indemnizar a un total de 13 entidades: a BBVA, con 1.524.565 euros; a Unicaja, con 904.328 euros; a Caixabank, con 24.200 euros; a Liberbank, con 1.499.918 euros; a Nissan Ibérica, con 36.300 euros; a Barclays, con 149.750 euros; a Caja Castilla la Mancha, con 332.000 euros; a Europistas, con 406.000 euros; a Cajasur, con 266.200 euros; a Cajavital, con 546.701 euros; a Bankia, con 586.850 euros; a Caja Rural del Sur, con 576.302 euros, y a Banca March, con 38.115 euros.

    Los absueltos del proceso

    La Audiencia ha absuelto de todos los delitos a los otros seis acusados: la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, y los directivos de Ausbanc Alfonso Solé Gil, María Teresa Cuadrado, María Isabel Medrano, Rosa Aparicio y Luis Suárez Jordana. Se les acusaba de organización criminal, extorsión, denuncia falsa, amenazas, estafa, blanqueo de capitales y administración desleal.

    Hay que señalar que, a pesar de las elevadas condenas, Pineda y Bernad también resultan absueltos de la mayoría de los delitos por los que fueron juzgados. En concreto, en el caso del presidente de Ausbanc, de los de organización criminal, acusación y denuncia falsa, fraude y estafa procesal y administración desleal, mientras que en el caso del secretario general de Manos Limpias queda exculpado de los dos primeros delitos y, además, de amenazas.

  • Investigado por la mayor trama de estafa piramidal con criptomonedas

    Investigado por la mayor trama de estafa piramidal con criptomonedas

    La Audiencia Nacional está investigando una nueva trama de estafa con criptomonedas, y esta vez el investigado es Santiago Fuentes Jover, que podría haber cometido los delitos de estafa agravada, organización criminal y delito continuado de falsificación en documento mercantil, según informa Facua-Consumidores en Acción.

    José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional, ha aceptado la inhibición de un juzgado de Arona, en Tenerife, para investigar la inversión con criptomoneda a través de la empresa Arbistar 2.0 SL, que podría ser la mayor estafa piramidal de este tipo que se ha producido en nuestro país, con un número de víctimas que oscila entre las 1.127 oficiales y a las 32.000 del número de cuentas afectadas.

    El juez señala que la competencia de la Audiencia Nacional para esta investigación se justifica en esta cifra de afectados y en su distribución por el territorio de más de 30 audiencias provinciales, así como el perjuicio patrimonial.

    Arbistar, que supuestamente se habría apropiado de entre 41 y 100 millones de euros de los inversores, prometía beneficios de entre el 8% y el 15% mensual, pagando semanalmente los sábados y otorgando la posibilidad de sumar las rentabilidades u optar por el reembolso.

    «Pero lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversión era segura y muy rentable, de suerte tal que ellos mismos se incentivaban para invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor», relata la resolución del juez.

    La estafa piramidal se daba a través del «Plan amigo» para que los clientes incluyesen a nuevos clientes con la promesa de una compensación, lo que hizo crecer a la empresa de manera exponencial.

    La trama se destapó después de que en agosto de 2020 varios inversores solicitaran la retirada de fondos sin que sus solicitudes fueran atendidas.

  • Macroquerella por presunta estafa con criptomonedas

    Macroquerella por presunta estafa con criptomonedas

    La Audiencia Nacional investiga una macroquerella por una presunta estafa de 250 millones de euros en criptomonedas por parte de Javier Biosca Rodríguez, la más grande presentada hasta la fecha, con 300 afectados.

    Primera macroquerella de estas características

    El despacho Zaballos Abogados, que representa a los afectados, ha acusado, además de estafa, de apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, delitos societarios, encubrimiento y falsedad en documento público tanto a Javier Biosca como a su esposa, Paloma Gallardo Leal y su hijo mayor, Sergio Biosca Gallardo.

    Los demandantes han solicitado la imposición de medidas cautelares, como búsqueda, captura y detención de Biosca, que se encuentra en paradero desconocido.

    La directora de Zaballos Abogados, Emilia Zaballos, es también presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones por Criptomonedas (AAIC), en la que se ha gestado esta macroquerella criminal a la que cada día se suman nuevas víctimas.

    Los hechos se remontan a hace dos años, en 2019. Biosca ofreció y pagó entonces a sus clientes beneficios de entre un 20 y un 25% por su inversión en criptomonedas, principalmente bitcoin, ethereum o litecoin, pero a partir de enero de 2020, cuando por el boca a boca empezaron a crecer hasta los 4000 clientes, los intereses se redujeron a entre un 10 y un 8% y a finales de noviembre de 2020, dejó de abonarlos y desapareció.

    Las víctimas de esta presunta estafa proceden de todos los niveles socioeconómicos, desde empleadas del hogar, desempleados, jubilados, etc. hasta pequeños y medianos empresarios, abogados, inspectores de Hacienda y jueces.

    Emilia Zaballos ha señalado que algún pequeño comercio invirtió todo su préstamo ICO para salir a flote durante la pandemia.

    La firma Algorithms Group no figuró en ningún momento en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

  • Sanción millonaria a CaixaBank por violar la Ley de Protección de Datos

    Sanción millonaria a CaixaBank por violar la Ley de Protección de Datos

    La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una sanción millonaria a CaixaBank de 4 y 2 millones de euros por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La resolución ha tenido su origen en una denuncia de un cliente del banco en 2018 y otra interpuesta por FACUA-Consumidores en Acción en 2019, respectivamente.

    Según indica la asociación de consumidores, hasta la fecha, las tres multas más altas impuestas por organismos a empresas denunciadas por FACUA son los 6,23 millones que aplicó la Junta de Andalucía a Movistar en 2016 por la subida de sus tarifas Fusión después de haber anunciado que mantendría los mismos precios «para siempre», la resuelta ahora por la AEPD a Caixabank y los 3,15 millones impuestos por el Gobierno andaluz a Unicaja por sus cláusulas suelo.

    En la resolución, la AEPD requiere a la entidad CaixaBank para que, «en el plazo de seis meses, adecúe a la normativa de protección de datos personales las operaciones de tratamiento de datos personales que realiza, la información ofrecida a sus clientes y el procedimiento mediante el que los mismos deben prestar su consentimiento para la recogida y tratamiento de sus datos personales, con el alcance expresado en el Fundamento de Derecho XI».

    Caixabank todavía puede interponer un recurso de reposición ante la directora de la Agencia Española de Protección de Datos o presentar directamente un recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

    El origen de la sanción

    FACUA presentó una denuncia contra Caixabank ante la Agencia en marzo de 2019, en la que indicaba que el Contrato Marco incluía una serie de condiciones que podían vulnerar la normativa de protección de datos.

    En concreto, la asociación consideraba que el texto de la entidad imponía a los consumidores el consentimiento al tratamiento de sus datos personales y la cesión de sus datos a terceras empresas con las que podrían no tener relación.

    Así, FACUA indicaba que, dado que este contrato era de adhesión -esto es, sin capacidad de que el usuario lo modifique-, esta imposición unilateral conllevaba la vulneración del tratamiento de los datos personales de los clientes del banco.

    En este sentido, la asociación recogía en la denuncia que Caixabank vulneraba el artículo 6 del RGPD, que recoge las condiciones que se deben cumplir para considerar lícito el tratamiento de los datos personales de los usuarios.