Así, la entrada en vigor de la Orden Ministerial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicada en el BOE núm. 203, de 27 de julio de 2020, páginas 58048 a 58063, se ha producido el 2 de enero de este año, en plenas fiestas navideñas y con los regalos de Reyes aún por comprar, aunque algunas disposiciones no lo harán hasta finales de mes e, incluso, hasta julio de 2022.
Nueva normativa
La finalidad de la nueva normativa es imponer un mayor control a la comercialización de estos productos financieros que han llegado a ser calificados por el Tribunal Supremo como «usura».
A partir de ahora, las entidades estarán obligadas a ofrecer información clara y precisa sobre las condiciones del producto en el momento de firmar el contrato de suscripción y periódicamente hasta la fecha de su cancelación.
La nueva normativa también exige que las entidades verifiquen antes de la firma del contrato la capacidad de pago del cliente, y se aseguren de que pueden cubrir sin problemas la cuantía anual del préstamo contratado, al tiempo que deben permitir al cliente amortizar un mínimo anual del 25% del crédito para evitar situaciones de endeudamiento insostenibles. Además, están obligadas a informar al Banco de España de aquellos clientes que tengan créditos superiores a 1.000 euros, frente a la obligación anterior de hacerlo pasados los 9.000 euros.
El problema de las revolving
Según un estudio de la fintech Agencia Negociadora, dedicada a la intermediación hipotecaria, «las tarjetas revolving se han convertido en el más pernicioso lastre en la estructura del endeudamiento en crédito al consumo de las familias españolas», con un aumento del 14% al 26% del total de deudas en tan solo tres años.
Todos los medios de comunicación hablan de una gran crisis de beneficios en la banca. Lo cierto es que los resultados del primer semestre de año no son precisamente positivos para los grandes bancos españoles, pero aun así, de cara la opinión pública, es complicado vender como crisis estas cifras:
Crisis de beneficios en Bankia
Bankia ha obtenido un beneficio neto de 142 millones de euros durante el primer semestre del ejercicio, un 64% inferior al obtenido hace un año, debido a las provisiones para hacer frente a posibles contingencias como consecuencia de la situación generada por el coronavirus.
La entidad ha efectuado una dotación de provisiones de carácter extraordinario de 185 millones de euros que, sumados a los 125 millones del primer trimestre, alcanzan los 310 millones. El objetivo de estas dotaciones es reforzar todavía más el balance y contar así con la máxima flexibilidad para atender las necesidades financieras futuras de los clientes.
Banco Sabadell
El grupo Banco Sabadell ha cerrado el primer semestre de 2020 con un beneficio neto atribuido de 145 millones de euros un 72,7% inferior en términos interanuales tras acumular las provisiones requeridas por un total de 1.089 millones de euros (968 millones de euros Ex TSB) por la actualización de los modelos de IFRS9 que incorporan los nuevos escenarios macroeconómicos por el Covid-19.
Estas dotaciones suponen un coste del riesgo de crédito de 107pbs, en línea con el objetivo.
Los ingresos del negocio bancario (margen de intereses + comisiones netas) alcanzan los 2.378 millones, un 5,3% menos en términos interanuales y mantienen su solidez pese a un trimestre excepcional.
Banco Santander
Banco Santander obtuvo un beneficio ordinario de 1.908 millones de euros en el primer semestre de 2020, un 48% menos que en el mismo periodo del año anterior, por las mayores provisiones relacionadas con la pandemia de la covid-19.
José Antonio Álvarez, CEO de Santander
La entidad ha ejecutado una histórica revisión del fondo de comercio y de los DTA, sin efecto en liquidez ni capital, ante el deterioro de las perspectivas económicas por la crisis y ello ha dado lugar a una pérdida atribuida de 10.798 millones de euros en el primer semestre.
El consejo de administración tiene la intención de que se pague un dividendo correspondiente a 2019 en nuevas acciones equivalente a 0,10 euros por acción. El consejo tiene la intención de aplicar una política de dividendo 100% en efectivo tan pronto como las condiciones de mercado se normalicen, sujeto a la recomendación y las aprobaciones regulatorias. Por ello, el banco se ha reservado seis puntos básicos de capital CET1 en el trimestre para un posible dividendo en efectivo con cargo a los resultados de 2020.
BBVA
Por su parte, Onur Genç, consejero delegado de BBVA, anunciaba 636 millones de euros de beneficios, «la mitad de lo que reportamos hace un año, pero más del doble si lo comparamos con el resultado anunciado en el primer trimestre del año, excluyendo el ajuste del fondo de comercio».
En este caso la crisis de beneficios se nota más, pues BBVA perdió 1.157 millones de euros durante el primer semestre del año tras encajar un impacto de 2.084 millones por el ajuste contable en el fondo de comercio de Estados Unidos y por las provisiones efectuadas ante potenciales deterioros por la crisis del covid-19, que en el segundo trimestre ascendieron a 644 millones.
CaixaBank
El Grupo CaixaBank obtuvo en el primer semestre del año un beneficio atribuido de 205 millones de euros, un 67% menos respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, después de realizar, durante estos seis primeros meses, una provisión extraordinaria de 1.155 millones de euros y anticiparse así a impactos futuros por los efectos económicos del Covid-19. En el primer trimestre se dotaron 400 millones y, en el segundo, se ha registrado una provisión de 755 millones. Asimismo, los resultados de 2019 estuvieron marcados por el impacto del acuerdo laboral (978 millones de euros).
Hasta el 30 de junio, CaixaBank ha aprobado un total de 357.488 solicitudes de moratoria de sus clientes en España, que afectan a una cartera de 9.848 millones de euros. Como entidad asociada a la CECA, además de adherirse a la moratoria hipotecaria y de préstamos al consumo planteada por el Gobierno ha apoyado la moratoria sectorial, ampliando la duración de las moratorias legales en el pago de estos créditos, y extendiéndolas más allá de los colectivos vulnerables incluidos en el Real Decreto Ley.
Gonzalo Gortázar, Consejero Delegado de CaixaBank
Como podemos ver, se trata de una crisis de beneficios, sí, pero no es el fin del mundo, ni mucho menos. Además, la banca se encuentra en estos momentos en buenos niveles de liquidez y solvencia, y las empresas y las familias con un nivel de endeudamiento mucho menor, y eso nos pone en un panorama mucho mejor que el de la crisis financiera de 2008.
La Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) ha interpuesto una demanda contra las tarjetas revolving Visa Classic, Go y Gold de CaixaBank con el objetivo de expulsar del mercado las cláusulas abusivas que contienen estos contratos: no sólo el interés desproporcionado que alcanzan (por encima del 20%), sino también la falta de transparencia con las que se comercializan.
La demanda de ASUFIN
En la demanda, ASUFIN se refiere a la penalización abusiva de impago, al vencimiento anticipado del préstamo, al orden de satisfacción de la deuda, a la forma de pago y amortización de la tarjeta y al tipo de interés de estas tarjetas comercializadas por Visa y CaixaBank.
El juez de lo Mercantil número 4 de Valencia ha admitido a trámite la demanda de ASUFIN, que se convierte en la primera acción por cesación contra estas tarjetas que, más que productos financieros, son una auténtica estafa.
A esta demanda, bajo la dirección letrada del abogado colaborador de ASUFIN, Óscar Serrano, seguirán otras, ya presentadas y a la espera de admisión, contra las principales comercializadoras de estas tarjetas: Carrefour, Bankinter, Consumer y Wizink.
Tarjeta o préstamo revolving
La tarjeta revolving permite hacer pagos independientemente de que se disponga de fondos o no en la cuenta asociada, como si fuese una tarjeta de crédito, pero con la diferencia de que el usuario puede aplazar la devolución del dinero fijando una cuota.
Los pagos, por tanto, se realizan según las cuotas pactadas, a las que se aplicarán los intereses correspondientes, pero estos suelen ser muy elevados e inducen a caer en una espiral de endeudamiento.
Los intereses a aplicar en una tarjeta o préstamo revolving superan ampliamente el precio de mercado, por lo que el Tribunal Supremo los ha declarado usurarios. Así, gracias a la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908, también denominada Ley Azcárate, se puede limitar la libertad de pactos a la fijación del tipo de interés remuneratorio de un crédito o un préstamo.
