La Audiencia Nacional investiga una macroquerella por una presunta estafa de 250 millones de euros en criptomonedas por parte de Javier Biosca Rodríguez, la más grande presentada hasta la fecha, con 300 afectados.
Primera macroquerella de estas características
El despacho Zaballos Abogados, que representa a los afectados, ha acusado, además de estafa, de apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, delitos societarios, encubrimiento y falsedad en documento público tanto a Javier Biosca como a su esposa, Paloma Gallardo Leal y su hijo mayor, Sergio Biosca Gallardo.
Los demandantes han solicitado la imposición de medidas cautelares, como búsqueda, captura y detención de Biosca, que se encuentra en paradero desconocido.
La directora de Zaballos Abogados, Emilia Zaballos, es también presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones por Criptomonedas (AAIC), en la que se ha gestado esta macroquerella criminal a la que cada día se suman nuevas víctimas.
Los hechos se remontan a hace dos años, en 2019. Biosca ofreció y pagó entonces a sus clientes beneficios de entre un 20 y un 25% por su inversión en criptomonedas, principalmente bitcoin, ethereum o litecoin, pero a partir de enero de 2020, cuando por el boca a boca empezaron a crecer hasta los 4000 clientes, los intereses se redujeron a entre un 10 y un 8% y a finales de noviembre de 2020, dejó de abonarlos y desapareció.
Las víctimas de esta presunta estafa proceden de todos los niveles socioeconómicos, desde empleadas del hogar, desempleados, jubilados, etc. hasta pequeños y medianos empresarios, abogados, inspectores de Hacienda y jueces.
Emilia Zaballos ha señalado que algún pequeño comercio invirtió todo su préstamo ICO para salir a flote durante la pandemia.
La firma Algorithms Group no figuró en ningún momento en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
