Parece que las fintech españolas podrían terminar bien el año si se confirma el secreto a voces de que la ministra Nadia Calviño está acelerando todo el proceso para tener aprobado el sandbox antes de Navidad.
Todavía se desconoce la forma, si será como un proyecto de ley de tramitación ordinaria en el Congreso o el ya consabido, tradicional e instantáneo real decreto ley, aunque, según adelanta la consultoría finReg360 a Cinco Días, sería muy complicado aducir «urgente necesidad» para proceder por esta segunda vía.
No obstante, el real decreto ley o una norma similar sería necesario para introducir las exenciones (licencias sandbox) en la aplicación de la normativa, de las que se beneficiarían las entidades que accedieran al banco de pruebas.
Funcionamiento del sandbox
La CNMV, el Banco de España y el Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) serán los encargados de la vigilancia de los proyectos que entren a este espacio de pruebas desregulado que es el sandbox.
En principio se prevé que las startups fintech puedan estar un periodo de año y medio en el sandbox y que no se facilitarán las criptoemisiones per se.
Además, desde el Ministerio de Economía parece que se va a exigir que los participantes en este espacio tengan garantías financieras suficientes para «cubrir la responsabilidad por los daños y perjuicios en los que pudieran incurrir».
Ventajas del sandbox
La implementación de un sandbox, según la Asociación Española de FinTech e InsurTech, promueve el desarrollo de la innovación, al crear un entorno de trabajo donde lanzar de forma controlada nuevos modelos de negocio financiero; la sana y justa competencia, al reducir inicialmente el cumplimiento total de todas las reglas establecidas y las barreras de entrada; la actualización legislativa, al permitir observar qué necesita el sector, y una minimización de los riesgos, pues se aprende ‘sobre la marcha’ sobre los riesgos y las oportunidades de la aplicación de nuevas tecnologías a los nuevos modelos de negocio.
El sandbox español va a posicionar a nuestro país en el circuito internacional de inversiones extranjeras y nos situaría a la altura de Reino Unido, Australia, Japón, Canadá, Hong Kong o Singapur. Además, favorecerá que entidades fintech de otros países de Europa quieran ubicarse en España, especialmente del Reino Unido si se produce la salida de la Unión Europea.
