El Consejo de Ministros del Gobierno de España dio hace unas semanas el visto bueno al anteproyecto de ley para la Transformación Digital del Sector Financiero, la conocida en otros países como México como «ley fintech», cuyo siguiente paso serán las Cortes Generales para convertirse en ley que regule todo el sector.
La ley del sandbox
Uno de los aspectos del anteproyecto de ley fintech que más entusiasmo ha generado a las startups ha sido la posibilidad de creación de un sandbox o espacio controlado de pruebas para estas empresas, entre las que se encuentran las que ofrecen servicios financieros de mercado de capitales, aseguradoras, medios de pagos, finanzas personales, préstamos, blockchain o criptomonedas.
El espacio dependerá y será coordinado por la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, que supervisará los proyectos, pero también participarán en su dirección el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Funcionamiento del sandbox
Las startups que quieran participar en el sandbox deberán presentar sus proyectos en una ventanilla única en la Secretaría General del Tesoro, que los evaluará y les asignará un supervisor financiero, que tendrá a su vez un mes, prorrogable a otro más, para analizarlo y determinar si lo aprueba o lo rechaza.
Entre los requisitos que tienen que cumplir dichos proyectos se encuentran que sea innovador tecnológicamente, aplicable al sistema financiero, con reducción de costos para el usuario, que mejore la eficiencia, que aporte valor añadido y que se encuentre en una fase avanzada de desarrollo.
Posicionamiento de AEFI ante la ley
La Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), impulsora del sandbox, ha celebrado el desbloqueo del anteproyecto de ley y ha señalado que el sandbox «favorecerá la creación de nuevos empleos, la competitividad y el desarrollo tecnológico».
Asimismo, han establecido una serie de retos que tendrá que afrontar este espacio de pruebas no desregulado tras su aprobación en el Congreso, como una tramitación rápida y principio de igualdad de trato para las entidades; movilización de recursos necesarios por parte de las instituciones públicas; implantación con ambición para convertir España en un país de referencia en la legislación fintech; colaboración entre todos los agentes de la industria; evitar la fuga de talento hacia otros espacios regulados que existen ya en otros países y que el mayor número posible de empresas fintech españolas participen.
Parece que 2020 va a ser un gran año para las fintech. Estaremos atentos a las novedades.
